Decreto-ley 300: Un camino para incrementar la producción

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La nueva reglamentacióny las resoluciones acompañantes entran en vigor el próximo día 10

Por Julio César Cuba Labaut

La agricultura se transforma. En el campo se buscan alternativas para elevar la productividad y los rendimientos de la tierra, con más eficiencia. Esa es la manera más expedita de alimentar a la población y evitar cuantiosas importación que resultan muy costosas al país.

El Decreto ley 300, sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo a quienes puedan trabajarlas y ponerlas a producir,y las resoluciones acompañantes, cuya implementación comienza a partir del próximo día 10, es una de esas variables que debe contribuir al logro de ese propósito, emanado de los Lineamientos de la Política económica y social que aprobó el VI Congreso del Partido.

Para ayudar al entendimiento de las normas jurídicas que rigen dicho proceso, se realizó en Guantánamo un seminario con los principales implicados y responsables de su aplicación, que impartieron Orlando Díaz, Isabel Rusó y Pedro Olivera, directores jurídico, forestal y del Centro Nacional del Control de la Tierra del Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), respectivamente, y Lesbia Zaldivar, jefa del Departamento de Inversiones del Instituto de Planificación Física.

Entre las novedades de la nueva reglamentación, que deroga el Decreto Ley 259, sobresalen tres que fueron muy demandadas por la población durante la consulta de los Lineamientos, precisaron los panelistas.

La primera de ellas es la decisión de ampliar las áreas hasta 67,10 hectáreas (5 caballerías) a las personas naturales que las poseen en propiedad o usufructo y estén vinculadas a una GE, UBPC o CPA,siempre que sean colindantes o cercanas hasta cinco kilómetros.En el caso de las que no tienen tierras, la extensión máxima que puede entregarse es de 13.42 hectáreas.

Al respecto, el director jurídico del MINAGRI subrayó la importancia de la nueva medida para la cría de animales, el fomento de cultivos y el desarrollo de formas de explotación forestal, esta última hasta ahora solo realizada en las tierras estatales, y para lo cual se actualizó también el reglamento de desarrollo forestal, en busca del crecimiento de la masa boscosa del país.

Una segunda, está relacionada con la continuidad del derecho de usufructo a los familiares o personas que trabajan la tierra, en caso de imposibilidad física, parcial o total, o fallecimiento del usufructuario.Cuando ocurra lo anterior, las bienhechurías existentes en las tierras se transmiten en usufructo, en el contrato, al nuevo beneficiado y se exime del pago de estas.

Y la tercera tiene ver con la posibilidad que ahora tienen los usufructuarios de construir viviendas u otras instalaciones dentro de las tierras, con carácter de bienhechurías, para atender mejor la producción.

“Si en el momento de entrega de la tierra, dentro de ella ya están construidas bienhechurías, pueden vendérselas, arrendárselas o entregarse en usufructo a la persona beneficiada. De no ser así está facultada para construirlas, ampliarlas o renovarlas con sus propios recursos, pero todas deben estar autorizadas por las direcciones municipales de Planificación Física”, explicaron.

Cuando el nuevo usufructuario no sea familiar del anterior, pagará las bienhechurías que este último adquirió o construyó, por el precio que resulte de su avalúo, a la entidad que entrega las tierras, la que a su vez pagará dicho importe a los herederos, conforme a la legislación especial que rige la sucesión hereditaria sobre bienes agropecuarios, argumentaron.

Quedó claro, también, que la superficie autorizada para la construcción o ampliación de todas las bienhechurías podrá alcanzar hasta el uno por ciento del total de la tierra entregada, mientras el área a ocupar por las viviendas no excederá los 250 m² por cada lote de hasta 13,42 hectáreas, de manera que los familiares que la trabajen establemente podrán levantar las suyas, pero a nombre del usufructuario.

En tal sentido, la jefa del Departamento de Inversiones del Instituto de Planificación Física aclaró que la construcción de viviendas no procederá en los casos que las tierras estén situadas dentro del perímetro urbano o previstas en el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano para el desarrollo de pueblos o ciudades, sean entregadas para el autoabastecimiento familiar o por razones medioambientales o de seguridad representen riesgos para las personas.

“En caso de extinción del contrato de usufructo por las causas que sean, las bienhechurías que el usufructuario compró o construyó les serán pagadas previo avalúo de las mismas”, acotó.

El paquete legislativo, que instrumenta y define la política para el perfeccionamiento de este proceso, también autoriza la vinculación de las personas naturales usufructuarias a las Granjas Estatales (GE) con personalidad jurídica, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).

Eso significa que, contrato mediante, podrán adquirir insumos agropecuarios, recibir servicios y comercializar sus producciones, a través de esas estructuras, lo que permitirá una mayor socialización de las tierras y de quienes las trabajan.

Además establece que los usufructuarios tienen ahora la posibilidad de integrarse, como trabajadores, a una GE con personalidad jurídica; o como cooperativista a una UBPC o CPA. “En esos casos cederán el derecho de usufructo sobre las tierras y las bienhechurías a la entidad a que se van a integrar y esta evalúa la conveniencia o no de que continúen trabajando esas tierras”, agrega.

También indica que las personas naturales y jurídicas pueden solicitar tierras en usufructo, las primeras por 10 años prorrogables por igual periodo, y a las otras por 25 años, prorrogables por idéntico término.

Al mismo tiempo instituye la entrega de tierras a los vinculados laboralmente -incluidos los trabajadores por cuenta propia- siempre que puedan trabajarla y administrarla de forma personal y directa.

En una de sus esclarecedoras intervenciones Clara Toledo, funcionaria del Comité Central del PCC, quien junto a Tomás Espinel, miembro del Comité provincial, presidió la importante acción de capacitación, insistió en la necesidad de que quienes dirigen directamente el proceso estén bien preparados, con los argumentos necesarios y los “ojos bien abiertos”, para evitar malestar a los que optan por producir alimentos y equivocaciones de las que luego haya que lamentarse.

Llamó a velar por el orden y el respeto de la legalidad, así como a planificar acciones de control que permitan evaluar periódicamente el comportamiento del contrato que media entre la entidad estatal que administra la tierra y el usufructuario.

Evidentemente el Decreto Ley 300 indica un nuevo camino para garantizar la producción agropecuaria y forestal, y la sostenibilidad de la explotación de las tierras cultivables, pero horadarlo requiere de mucho trabajo, conocimiento e inteligencia.

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Acerca de juliocuba

Periodista, amante de su Patria
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